El administrador de fincas ante el reto de la movilidad eléctrica

Uno de cada cinco coches nuevos que se venden en España ya es eléctrico o híbrido enchufable. En lo que va de año hay cerca de 200.000 vehículos electrificados matriculados hasta octubre, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Y esta tendencia ya no es solo una estadística del sector del automóvil. Está llegando a los garajes de las comunidades de propietarios, donde cada vez más vecinos solicitan instalar puntos de recarga.

Este cambio tiene un impacto directo en la gestión diaria de los edificios. La instalación de puntos de recarga no es solo una cuestión técnica: afecta a la infraestructura eléctrica, al cumplimiento normativo y a la convivencia entre vecinos. En este contexto, el papel del administrador de fincas se vuelve clave para ordenar la demanda, anticipar problemas y garantizar que la adaptación a la movilidad eléctrica se haga con seguridad y visión de conjunto. Te lo contamos en este artículo.

Más allá de un derecho individual: una transformación colectiva

Desde 2019, la Ley de Propiedad Horizontal reconoce el derecho de cualquier propietario a instalar un punto de recarga en su plaza de garaje sin necesidad de autorización previa de la junta, siempre que se comunique correctamente a la comunidad. Sin embargo, este derecho individual no elimina la complejidad que supone intervenir en una instalación eléctrica concebida, en muchos casos, hace décadas y para un uso muy distinto al actual.

A medida que el parque de vehículos eléctricos crece, aumenta también la probabilidad de que varios propietarios soliciten instalar cargadores en un mismo edificio. Por eso resulta imprescindible una visión global que tenga en cuenta:

• la capacidad real de la acometida eléctrica,
• el estado del cuadro general,
• la previsión de demanda futura,
• y el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, especialmente la ITC-BT-52.

Una actuación aislada y sin planificación puede derivar en sobrecargas, disparos del diferencial general o en la necesidad de ampliar la potencia contratada del edificio, con el consiguiente impacto económico para toda la comunidad.

Coordinación técnica: evitar el caos en el cuarto de contadores

A medida que crecen las solicitudes para instalar puntos de recarga, la forma de gestionarlas cobra especial importancia. Si cada propietario actúa de manera independiente, pueden surgir situaciones problemáticas: instalaciones realizadas por distintos profesionales, sin criterios comunes, que acaban saturando los cuartos de contadores, generando cableado desordenado y aumentando los riesgos de seguridad.

Una gestión profesional permite anticiparse a estos escenarios mediante el establecimiento de pautas técnicas claras. Entre ellas:

• Exigir el cumplimiento de la normativa eléctrica vigente,
• Incorporar sistemas de gestión de carga que eviten sobrecargas,
• Solicitar documentación técnica completa tras cada intervención,
• Garantizar la seguridad durante las obras en zonas comunes.

Cuando existe una planificación conjunta, incluso es posible diseñar infraestructuras comunes que optimizan costes, reducen intervenciones repetidas y preparan el edificio para futuras necesidades.

Información y asesoramiento ante un marco normativo exigente

La instalación de puntos de recarga no se rige por una única norma. Intervienen la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Código Técnico de la Edificación y, en determinados casos, ordenanzas municipales o normativas de protección específica. Muchos propietarios desconocen, por ejemplo, que deben comunicar la instalación al ayuntamiento, que es obligatorio contratar a un instalador autorizado o que en determinados edificios existe la obligación de prever infraestructuras de recarga en la preinstalación eléctrica.

Una correcta labor de asesoramiento evita errores, sanciones administrativas y actuaciones que posteriormente deban modificarse por incumplimientos técnicos o legales.

Te recomendamos: Recarga de coche eléctrico

Ayudas públicas y subvenciones

El impulso institucional a la movilidad eléctrica se refleja en programas como el Plan MOVES III, gestionado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y vigente hasta diciembre de 2025. Este programa contempla subvenciones relevantes para la instalación de puntos de recarga, también en comunidades de propietarios.

Sin embargo, acceder a estas ayudas no es automático. Requiere cumplir plazos, presentar documentación técnica específica y justificar correctamente la inversión. En este proceso, la intervención del administrador de fincas resulta clave: es quien puede informar a los propietarios, coordinar solicitudes colectivas y verificar que los requisitos administrativos y técnicos se cumplen correctamente. Una gestión bien organizada no solo evita errores, sino que facilita que más vecinos puedan beneficiarse de las ayudas y avanzar hacia la movilidad eléctrica con mayor seguridad.

Te recomendamos. El administrador de fincas, impulsor de la rehabilitación energética

Convivencia y planificación: claves para una transición ordenada

El derecho a instalar puntos de recarga está reconocido, pero una ejecución sin coordinación puede generar conflictos. Obras sin aviso, uso prolongado de zonas comunes, ruidos o dudas sobre el consumo eléctrico son problemas habituales cuando no existe una planificación previa. Definir normas claras ayuda a evitarlos: comunicación previa a la comunidad, horarios de obra, criterios técnicos comunes y reglas de uso de los puntos de recarga. También es importante contar con un procedimiento para resolver incidencias técnicas o desacuerdos entre vecinos antes de que escalen.

En este proceso, el administrador de fincas tiene un papel operativo clave: coordina las actuaciones, vela por el cumplimiento de las normas y garantiza que la implantación de los puntos de recarga sea compatible con la convivencia diaria de la comunidad.

Mirar al futuro: infraestructuras preparadas para lo que viene

El crecimiento progresivo del parque de vehículos eléctricos indica que estas solicitudes seguirán aumentando. Pensar a medio y largo plazo permite transformar una obligación puntual en una mejora estructural del edificio.

Las infraestructuras colectivas de recarga facilitan una gestión eficiente de la energía, evitan saturar la instalación general y resultan más económicas que soluciones individuales improvisadas. Además, preparan a la comunidad para un escenario que ya no es futuro, sino presente.